Jaime Cabañas Isidro, contralor del gobierno que encabeza Carlos Peredo Grau, informo que de acuerdo a la investigación llevada a cabo se detectaron diversas anomalías como obras inconclusas, obras pagadas y no ejecutadas por las constructoras, obras infladas en sus costos, obras sin permisos y la venta ilegal de unidades oficiales, destacando la venta de unidades modelo 2018 que fueron vendidas en cantidades muy bajas a su costo real.

Además de eso, detectaron la falsificación de firmas para hacer pasar obras como concluidas al cien por ciento y que las constructoras las cobraran sin terminarlas. También encontraron que en el gobierno de Antonio Vázquez falsificaron fianzas para asignar obras a constructoras en una clara violación a la ley, así como la asignación directa de obras a varias empresas constructoras.

Entre las anomalías más delicadas se encuentra la remodelación del bosque el Pinal, la cual está registrada como construcción de una unidad deportiva, cuando en realidad es un parque recreativo en el que invirtieron menos de tres millones, pero Antonio Vázquez reportó que la obras costo 18 millones de pesos.

Entre las obras que no están concluidas y que se pagaron en su totalidad a las constructoras se encuentra la remodelación de la antigua estación del ferrocarril, la edificación de un inmueble a un costado de la estación del ferrocarril, tres obras en la junta auxiliar de San Diego y la remodelación del centro de readaptación social (CERESO) de Teziutlán.

Además de lo anterior, el funcionario municipal informo que las anteriores autoridades borraron la base de datos del área de tesorería, para evitar que el nuevo gobierno detectara todas las anomalías que cometieron para desviar recursos públicos, por lo que no hay certeza de los ingresos que se tuvieron en el 2018. A pesar de esta acción, han logrado recabar la información necesaria para detectar todas las anomalías con las que la Auditoria Superior del Estado y el Congreso a través de la comisión inspectora, determinen si cometieron algún delito y puedan emprender acciones legales contras los ex funcionarios.

El contralor municipal anuncio que al concluir el plazo de 90 días para hacer las observaciones, estás fueron aprobadas por el cabildo Teziutlán y ahora viene un plazo de quince días que es el derecho de audiencia en el que serán citados los ex funcionarios involucrados en un posible delito contra el gobierno de Teziutlán, para hacer algunas aclaraciones y luego enviar el expediente a la Auditoría Superior del Estado.