La iniciativa señala que existen 17 estados donde la tenencia ya no se cobra y que serían los involucrados directamente en la homologación, se trata de Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas. Ramírez Cuéllar afirma que esta disparidad entre entidades genera desigualdades fiscales, ya que otras sí mantienen el cobro, como Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Veracruz, Querétaro y Guerrero.

Además del impuesto vehicular, el diputado propone modernizar los catastros municipales mediante un programa nacional de actualización digital para mejorar la captación del predial, este punto parte del diagnóstico de que más de 800 municipios no cuentan con padrones digitalizados y que solo una fracción ha vinculado su información catastral con cartografía actual, por lo que el legislador sostiene que, si México alcanzara el promedio latinoamericano de recaudación predial, los gobiernos locales podrían obtener alrededor de 59 mil millones de pesos adicionales.

La propuesta ha recibido críticas de figuras de la oposición, entre las cuales destaca la alcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega quien cuestionó que la medida implicaría una nueva carga para los automovilistas y afirmó que no existe claridad sobre el destino de los recursos y desde su cargo en la capital, acusó que el gobierno pretende que los ciudadanos cubran lo que calificó como “un desorden financiero”.

También se han pronunciado legisladores y otras autoridades que consideran que la aplicación generalizada de la tenencia podría afectar a contribuyentes en estados donde el impuesto dejó de cobrarse hace años destacando que estos señalamientos se centran principalmente en el impacto para los propietarios de vehículos y en la pertinencia de reactivar un gravamen que en varias entidades fue eliminado mediante compromisos gubernamentales anteriores.