Informó que detectaron que de 49 locatarios al menos 20 fueron otorgados a funcionarios y familiares de la administración pasada, lo que va en contra de la ley y demuestra que el gobierno anterior cayó en el nepotismo y preferencias pasando por encima de los intereses y necesidades de los chignautecos, incluso algunos beneficiarios ni siquiera son de Chignautla, aunado a que los comerciantes empezaron a pagar la concesión de este espacio sin que el municipio tenga registro de esos ingresos, por lo que explicó que lo único que buscan es que esas concesiones se acuerden formalmente y apegados a la legalidad, asimismo explicó el edil que al realizar una inspección en el lugar se percataron de que hay diversas fallas estructurales desde fisuras hasta falta de ventilación, falta de rutas de evacuación, de extintores, entre otras medidas para garantizar la integridad y seguridad de los locatarios que trabajen en este espacio.

Juan Toral detalló que también revisaron la documentación de la sesión de cabildo donde el gobierno anterior acordó el manejo de estos locales y se especifica a este espacio como Auditorio Municipal no como mercado o plaza lo que resulta incongruente pues no pueden otorgar un espacio público a particulares y menos en este caso que es un área destinada al deporte, recreación, eventos culturales y rescate de las tradiciones. Entre otras irregularidades está el adeudo que tienen estos locales con respecto al servicio de energía eléctrica pues había un gran adeudo que este gobierno ya suspendió pues al haber retrasos en el pago de este servicio corrían el riesgo de que la CFE suspendiera el suministro de energía no solo de esa área sino en general del alumbrado público, además de que han recibido la notificación del SAT por evasión de impuestos, por lo que de no atender esta problemática estarían infringiendo la ley y afectando al propio municipio.

Hay que recordar que desde que el gobierno de Aarón Bonilla inició con la construcción de estos locales en Junio del año pasado ya existía inconformidad por parte de la ciudadanía quienes afirmaban que estos espacios serían para beneficio de trabajadores del ayuntamiento o personas cercanas al alcalde y finalmente fue así pues cerca de la mitad de los locatarios fueron funcionarios de la administración pasada.

Con respecto a la manifestación de ayer el edil confirmó que su gobierno siempre estará en disposición de sostener las reuniones que sean necesarias para dar una solución y respetar que los comerciantes ya han destinado gran parte de sus recursos en el financiamiento de estos locales. Dijo que como lo marca la ley su gobierno tiene 90 días para conformar un dictamen y notificar a la Auditoría Superior del Estado (ASE) sobre las irregularidades que están detectando por lo que así lo manejará su administración y no solo se encargará de notificar sino de dar solución a los casos en los que resultan afectados los ciudadanos, "no puedo prestarme a ese juego o hacer caso omiso a esta situación, hubo servidores públicos que se adueñaron de este tipo de locales, se le tiene que dar continuidad" dijo el alcalde.