El caso de la CORDE de Teziutlán merece atención pues María del Carmen Vázquez Pérez fue presentada en Febrero de 2025 como nueva titular de la CORDE 03 de Teziutlán, con responsabilidad sobre instituciones educativas de 13 municipios de la región. Actualmente continúa apareciendo en el directorio oficial de la Secretaría de Educación Pública de Puebla como coordinadora de Desarrollo Educativo Teziutlán, la propia SEP informó en Julio de 2026 que el secretario Manuel Viveros Narciso visitó la Coordinación y que estuvo acompañado por Vázquez Pérez, a quien reconoció por el trabajo realizado junto con el personal. El punto que debe ponerse sobre la mesa es otro: ¿cuál es exactamente el perfil profesional y la trayectoria que justificaron su designación para una responsabilidad de esta magnitud? En las fuentes oficiales consultadas aparece su nombre y cargo, pero nunca se brindó una semblanza curricular que permita conocer de manera clara su formación ni se conoce su cédula, experiencia docente, trayectoria administrativa o los criterios utilizados para elegirla, incluso al consultar su nombre en el Registro Nacional de Profesionistas aparecen 15 registros con el nombre "María del Carmen Vázquez Pérez", destacando que si la autoridad considera que cuenta con el perfil adecuado, sería sencillo transparentar su trayectoria y explicar públicamente cuáles fueron los méritos que llevaron a su nombramiento.

En el Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán la situación es todavía más complicada. Docentes sindicalizados denunciaron actos de hostigamiento laboral, reducción de cargas académicas y problemas relacionados con el pago de prestaciones durante la gestión de Aranxa Roldán Arellano, quien se desempeña como encargada del despacho de la dirección. La protesta de los trabajadores llegó al punto de que se estableció una carta compromiso para atender sus demandas, mientras que la Secretaría de Educación informó en Febrero de 2026 que mantenía diálogo con trabajadores previamente adscritos al instituto. A las denuncias laborales se han sumado señalamientos sobre el manejo de recursos, favoritismos y otras presuntas irregularidades y como resultado docentes sindicalizados fueron despedidos. Aquí nuevamente aparece la misma pregunta: ¿por qué una institución de educación superior termina atrapada en conflictos administrativos y laborales en lugar de concentrarse en sus estudiantes, investigación y proyectos académicos?.

En el Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec han acusado a la directora Gabriela Hernández Vázquez de actos de intimidación, amenazas relacionadas con contratos, problemas laborales y otras conductas que han generado inconformidad dentro de la institución, además de cuestionamientos relacionados con el manejo de recursos. A esto se suman señalamientos dirigidos contra la subdirectora Guadalupe Ortiz Huerta, a quien se acusa de haber intimidado a una estudiante lo que debería obligar a que las autoridades revisen qué está ocurriendo dentro del plantel y qué medidas se están tomando para proteger a estudiantes y trabajadores. Y si a todo esto se agrega el caso de Alejandro McGregor Lara, separado de la titularidad de la CORDE de Tlatlauquitepec después de que trascendieran señalamientos sobre el uso indebido de instalaciones oficiales para asuntos personales ya que usaba las instalaciones como motel, ya que andaba o anda de novio de la maestra Edith "H" encargada del CATEP ( antes Centro de Maestros), la preocupación aumenta, sobre todo porque posteriormente se anunció su llegada a la dirección del bachillerato matutino del CEPMAC en Teziutlán.

Es difícil no cuestionar a Morena y a la llamada Cuarta Transformación cuando casos como estos terminan acumulándose dentro de una misma región y cuando los nombramientos generan dudas en lugar de confianza. No basta con decir que se está transformando la educación; hay que demostrarlo con instituciones funcionando, trabajadores respetados, estudiantes protegidos y funcionarios cuyo perfil pueda ser defendido públicamente sin necesidad de explicaciones a medias. El problema no es que los funcionarios sean de un partido u otro, sino que quienes llegan a cargos educativos deben responder por su preparación y por sus decisiones y si existen buenos perfiles, que se presenten sus trayectorias; si hay denuncias, que se investiguen; si hay funcionarios con antecedentes cuestionados, que se explique por qué se les mantiene o se les entrega otra responsabilidad. Porque la educación de la región no puede convertirse en botín político ni en espacio para pagar favores, y mucho menos en un lugar donde los estudiantes y trabajadores terminen pagando las consecuencias de decisiones tomadas desde los escritorios. Y estos temas darán mucho más de que hablar en próximos días, se los aseguro. ¡Hasta la próxima!