A partir de las 13 horas, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos sesionarán para revisar la minuta, que es el documento que contiene las propuestas de reformas ya aprobadas previamente por la Cámara de Diputados. El objetivo de esta sesión es discutir, analizar y emitir un dictamen, que es la postura oficial de las comisiones sobre la minuta, el dictamen puede recomendar la aprobación, modificación o rechazo de las reformas propuestas. Una vez que las comisiones emitan su dictamen el domingo, la minuta será presentada al Pleno del Senado para su discusión, la cual está programada para el miércoles siguiente, en el pleno donde los senadores debatirán el contenido de la reforma y votarán si la aprueban, rechazan o la modifican.

Ante ello hay que recordar que la 4T está a 1 senador de lograr la mayoría calificada, por lo que el escenario se divide entre quienes esperan que al menos un senador de la oposición acepte las negociaciones que ya está brindando Morena y sus aliados y vote a favor de la reforma, y entre quienes esperan que no haya sorpresas y los 43 senadores de la oposición voten en contra, hasta el momento varios de ellos se han pronunciado públicamente en contra de la reforma y confirman cuál será su voto, pero muchos otros no lo han confirmado.

Si el Pleno del Senado aprueba la reforma, el siguiente paso es remitirla a los congresos estatales para su ratificación y para que la reforma entre en vigor, para ello al menos 17 de los 32 congresos estatales deben aprobarla.

En general esta reforma consiste en que los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y de un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial sean electos por voto popular, en palabras de Andrés Manuel López Obrador “lo único que se necesita como requisito es que sean abogados, y que sean electos por el pueblo para que actúen con rectitud”, así como cambios significativos en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) pues propone otorgarle mayores atribuciones para supervisar y sancionar a jueces y magistrados, también la reorganización de los Tribunales, creando tribunales de apelación y la reducción de la carga de trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).