Entre las acusaciones contra el síndico de Cholula, se encuentra la solicitud de “moches” a locatarios del mercado municipal, además de haber instalado cámaras de videovigilancia ocultas en oficinas públicas, estas conductas ya están siendo investigadas por la Contraloría y la Fiscalía General del Estado (FGE), lo que generó el respaldo político de los legisladores, quienes recalcaron que “no hay medias tintas ni espacio para negociar con la corrupción”.

El municipio de Ayotoxco de Guerrero atraviesa una situación similar, pues el síndico Carlos Sosa es señalado por violencia política de género y nepotismo, ya que su hija realiza funciones dentro del DIF municipal haciéndose valer por un gafete no por una identificación oficial incurriendo en el delito de usurpación de funciones, mientras que una trabajadora de este mismo organismo fue públicamente humillada por el síndico, pero pese a la gravedad de estos hechos, el cabildo encabezado por Alicia Guerrero no ha emitido postura ni ha iniciado procedimientos para esclarecer y sancionar lo ocurrido.

El contraste entre ambas administraciones es evidente pues mientras en San Pedro Cholula se reconocen mecanismos institucionales para deslindar responsabilidades y garantizar la continuidad de los servicios públicos, en Ayotoxco la falta de acción del cabildo encamina al municipio a caer en la ingobernabilidad pues incluso la autoridad que se atribuye el síndico sobrepasa a la alcaldesa.

La violencia política de género, el nepotismo y los abusos de poder llevarán a Ayotoxco al retroceso, por lo que legisladores y ciudadanos exigen que los gobiernos municipales actúen con la misma firmeza que la presidenta de San Pedro Cholula y que se garantice un entorno de legalidad, transparencia y respeto a los derechos tanto de mujeres como de ciudadanos en general. ¡Hasta la próxima!