Su detención, ocurrida el 23 de Julio cuando acudía a una diligencia por un caso familiar, fue seguida por denuncias de persecución política y aunque fue liberado después, sus defensores sostienen que el operativo fue un montaje para intimidarlo por su labor jurídica. La Fiscalía lo acusó de lesiones dolosas y amenazas, pero activistas y organizaciones señalaron que la detención coincidió con el avance de sus litigios contra la polémica reforma penal.

El caso que dio pie al arresto se relaciona con una disputa por custodia de un menor, en la que Andrade Osorio representa a la madre, durante la diligencia surgió un altercado con el padre, que derivó en la intervención policial y en una denuncia inmediata. El gobierno estatal aseguró que no se trató de un tema político, pero familiares, colegas y organismos civiles han documentado irregularidades durante su retención, como la incomunicación y la obstrucción a su derecho a defensa.

Desde hace semanas, Andrade promovía amparos con el argumento de que el artículo 480 invade facultades federales y vulnera garantías constitucionales, esta estrategia legal ha sumado al menos 17 recursos interpuestos por ciudadanos, uno de los cuales ya obtuvo una suspensión provisional. Además, impulsa una campaña jurídica desde la Fundación Iris, centrada en derechos digitales y violencia vicaria.

Pese a que el Congreso de Puebla reformó el artículo para excluir a medios, críticas políticas y servidores públicos del alcance de la norma, el fondo de la ley sigue bajo revisión. La Suprema Corte y tribunales federales aún deben pronunciarse sobre su constitucionalidad. Mientras tanto, el caso de Raúl Andrade se ha convertido en un símbolo del debate sobre la censura y el uso político del sistema penal en México.