La situación no es nueva, ya que en varios municipios tanto de la región, como del estado sucede esto, tal es el caso de Cuautlancingo dónde un trabajador del área de Industria y Comercio denunció que a los trabajadores del ayuntamiento se les exige afiliar a tres personas a Morena. Incluso en Febrero de este año Daniel Chimal García, diputado del Partido Acción Nacional (PAN), presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FISEL) contra Gabriela Jiménez Godoy, diputada vicecoordinadora de Morena y quienes resulten responsables por el presunto delito de peculado, ya que apoyó la instalación de un módulo de afiliación en el recinto legislativo de San Lázaro y se han detectado módulos similares operando en espacios públicos municipales en todo el estado destacando que este tipo de prácticas no solo vulneran la neutralidad institucional que debe mantener todo gobierno, sino que también evidencian un uso indebido de recursos, personal y de la estructura municipal con fines partidistas, además de que que un funcionario o una dependencia estatal participe en actividades políticas es, simple y llanamente, una falta al principio de imparcialidad que establece la Constitución.

De acuerdo con el artículo 134 de la Constitución Mexicana, está prohibido el uso de recursos públicos con fines electorales o partidistas, además, la Ley General de Responsabilidades Administrativas señala que los servidores públicos no deben aprovechar su cargo, personal a su cargo o instalaciones oficiales para favorecer a un partido político por lo que este tipo de conductas pueden derivar en sanciones administrativas, multas, suspensión del cargo e incluso inhabilitación para ocupar funciones públicas, dependiendo de la gravedad del caso y de la evidencia que se presente.

Por otro lado, la Ley General en Materia de Delitos Electorales considera delito el uso de recursos públicos para influir en la afiliación o simpatía hacia un partido político. Esto significa que las acciones vistas en Tenampulco y otros municipios podrían dar pie a denuncias formales ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FISEL), el Instituto Nacional Electoral (INE) o el Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEE), autoridades encargadas de investigar y sancionar la manipulación de recursos públicos o la intervención de funcionarios en asuntos partidistas.

Por si fuera poco, en el caso de Tenampulco, el gobierno municipal ni siquiera pertenece a Morena, sino al PRI, encabezado por Juan Carlos Escalona y que desde una presidencia priista se permita el uso del Palacio Municipal para actividades de afiliación morenista aumenta el escándalo ¡Hasta la próxima!