Tras más de dos años de los hechos, un tribunal colegiado ordenó la detención inmediata de seis de los once servidores públicos implicados en la tortura, privación ilegal de la libertad y abuso sexual contra las periodistas, esta decisión revoca las medidas cautelares que permitían a los acusados enfrentar el proceso en libertad.

En Mayo de 2024, once funcionarios, incluyendo al director de Seguridad Pública, el síndico municipal y varios policías, fueron imputados, sin embargo, la investigación se vio ensombrecida por el asesinato de Socorro Barrera Sánchez, testigo protegida clave, en Junio de 2024. Barrera Sánchez ex trabajadora de Seguridad Pública, fue ejecutada en un negocio de lavado de autos, pese a contar con un botón de pánico y supuesta protección estatal.

Michelle Hoyos expresó en redes sociales “Tras 2 años y 2 meses, 6 de mis agresores irán a prisión preventiva por tortura. Esto no fue mi voz, mi resistencia, mi verdad... después de 26 meses: prisión preventiva para mis agresores”, junto a la frase “Ni perdón ni olvido, si las víctimas no tienen paz, mucho menos la tendrán los culpables”

Este caso evidenció nuevamente la violencia institucional que enfrentan periodistas y activistas en México, incluso organizaciones como Artículo 19 han destacado que, en 2024, México registró 639 agresiones contra la prensa.