Las publicaciones, muchas de ellas con lenguaje ofensivo y denigrante, han sido identificadas como parte de una estrategia para desacreditar el trabajo de los comunicadores y esta situación representa no solo una amenaza directa contra su integridad, sino un atentado grave contra la libertad de expresión, un derecho fundamental que debe ser protegido por las autoridades.

Varios medios de comunicación ya han comenzado a tomar acciones legales ante el creciente hostigamiento para que la policía cibernética investigue y de con los autores de estos ataques para que la Unidad de Investigación Cibernética pueda rastrear el origen de estas publicaciones y dar con los responsables de la campaña de desprestigio.

Lo más alarmante es que esta guerra sucia no distingue tipo de medio, ya que comunicadores de radio, televisión, prensa escrita y plataformas digitales han sido blanco de los ataques lo que vulnera la seguridad de quienes ejercen el periodismo en la región.

Cabe señalar que en estados como Veracruz, Guerrero y Michoacán, campañas similares iniciaron con publicaciones anónimas y terminaron en agresiones físicas, desplazamiento forzado de periodistas e incluso asesinatos y ante este escenario organismos nacionales e internacionales han documentado cómo la violencia digital puede ser el primer paso de una cadena de hostigamiento más peligrosa.