Samuel Aguilar informó que del 14 de Diciembre de 2024 al 13 de Junio de 2025, 229 personas fueron localizadas (algunas con vida, otras sin vida) y 119 siguen desaparecidas, lo que representa un total de 348 reportes de desaparición en estos primeros meses de gobierno y también explicó que el 65.8?por ciento de personas son encontradas y el 34.2?por ciento aún no ha sido ubicada. En base a esas 119 personas que siguen desaparecidas se difundió en varios medios estatales que se reportan 4 desapariciones por semana aunque en realidad basándose en las más de 300 denuncias que se han generado por personas que se ausentan voluntariamente, que fueron halladas vivas o fallecidas y quienes siguen sin ser localizados son 13 semanales de acuerdo a las cifras del gobierno de Alejandro Armenta.

Estos datos contrastan con otros reportes públicos disponibles en el RNPDNO, donde se contabilizaron 802 desapariciones solo entre Enero y Mayo de 2025 en Puebla lo que posicionó a este estado como el cuarto con más desapariciones en el país, siendo el primer lugar el Estado de México, le sigue Nuevo León, Ciudad de México y Puebla en cuarto lugar.

Esa cifra, que representa más del doble de lo reconocido por la Segob estatal en un periodo similar que reveló una diferencia abismal en los métodos de conteo, los criterios de clasificación o la actualización de datos entre instancias federales y estatales.

A partir del número que reconoce el gobierno de Puebla, se puede calcular que, en promedio, desaparecen alrededor de 13 personas cada semana, pero, si se considera la estimación nacional con base en los registros federales, el promedio sería aún más alto, entre 5 a 6 desapariciones por día, es decir, unas 37 personas por semana.

La Comisión Nacional de Búsqueda mantiene este conteo independiente que también contempla casos históricos y acumulados. Además, en algunos informes se señala que las cifras estatales solo incluyen carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado (FGE), mientras que el RNPDNO también incluye reportes de familiares y organizaciones civiles, lo cual explicaría parte de la discrepancia.