La revocación de mandato es un instrumento de democracia participativa que permite a la población evaluar el desempeño de sus representantes y, en caso de que exista un rechazo mayoritario, terminar anticipadamente su gestión. A nivel nacional, esta figura fue incorporada oficialmente a la Constitución en 2019 y fue reglamentada en septiembre de 2021, aplicándose por primera vez en abril de 2022 con el ejercicio dirigido al presidente de la República. La ley establece que cada entidad federativa debe crear su propia legislación para aplicar este mecanismo a gobernadores y otras autoridades locales.

La revocación de mandato a nivel federal se aplicó por primera vez el 10 de Abril de 2022, cuando se llevó a cabo la consulta para que la ciudadanía decidiera si el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador debía continuar o no en su cargo. Este ejercicio fue convocado por el Instituto Nacional Electoral (INE) aunque no fue vinculante por la baja participación (alrededor del 17 por ciento del padrón), pero marcó un precedente en la implementación de mecanismos de democracia directa en México.

En el caso de Puebla, la SCJN determinó que el Congreso local ha incurrido en una omisión legislativa al no armonizar su Constitución con la federal dentro del plazo que fijó la reforma. Por ello, instruyó a los diputados poblanos a realizar los ajustes normativos necesarios para establecer este proceso en la legislación estatal, con el objetivo de garantizar el derecho ciudadano a participar en el control democrático de sus gobernantes; los detalles sobre el expediente pueden consultarse en la "Lista de asuntos resueltos en sesión del día: 2 de Julio del año 2025" que se encuentra en la página oficial del SCJN.

La presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso de Puebla, la diputada Artemisa García Chávez, declaró que acatarán la resolución de la Corte. Además, adelantó que será el gobernador Alejandro Armenta Mier quien enviará la iniciativa de reforma correspondiente, la cual será sometida al pleno legislativo en un periodo extraordinario, dado que el actual periodo ordinario concluye el 15 de Julio.

Con esta resolución, Puebla se verá obligada a sumarse al grupo de estados que ya han legislado sobre la revocación de mandato, luego de más de cuatro años de atraso. La decisión también sienta un precedente sobre la responsabilidad de los congresos estatales de cumplir con los mandatos constitucionales federales y con los derechos de participación política de la ciudadanía.