Entre las nuevas atribuciones destaca la posibilidad de imponer medidas más severas cuando se detecten presuntas irregularidades, incluso ante simples sospechas de operaciones simuladas. La autoridad podrá solicitar prisión preventiva oficiosa en casos relacionados con facturas falsas, así como cancelar sellos fiscales y congelar cuentas bancarias a contribuyentes que sean clasificados como emisores o receptores de comprobantes apócrifos, lo que impediría facturar y operar con normalidad.

El fortalecimiento del SAT es resultado de al menos tres reformas clave, en 2014 se crearon las listas negras y la cancelación de sellos digitales para empresas “factureras”; en 2019 se incorporaron penas de cárcel por delitos fiscales; y en 2025 se estableció que los créditos fiscales en litigio deban garantizarse mediante depósitos en efectivo en el Banco del Bienestar. A partir de 2026, estas medidas se consolidan con nuevas “armas” legales que amplían el margen de actuación de la autoridad.

Las cifras oficiales muestran un incremento sostenido en la recaudación derivada de actos de fiscalización pues en los primeros nueve meses de 2025, los ingresos por este concepto alcanzaron aproximadamente 196 mil 863 millones de pesos, frente a 160 mil 225 millones en el mismo periodo de 2024, lo que representa un aumento real cercano al 23 por ciento, de acuerdo con datos del SAT y del INEGI.

Especialistas y representantes del sector privado han expresado críticas y advertencias sobre los posibles efectos de estas medidas, además abogados fiscalistas señalan que exigir depósitos en efectivo para garantizar adeudos podría resultar excesivo y limitar el derecho de defensa, mientras que consultores financieros alertan que la cancelación de sellos y el congelamiento de cuentas pueden paralizar a las empresas antes de que exista una resolución definitiva. Otros expertos advierten que el nuevo esquema fortalece el cumplimiento fiscal, pero también incrementa el riesgo de afectar a contribuyentes por presunciones aún no probadas.