La historia de la participación de Gonzalo López Beltrán en el Tren Interoceánico se remonta al 5 de Julio de 2024, cuando Andrés Manuel López Obrador declaró en una conferencia matutina que su hijo estaba realizando labores de supervisión en la obra, aunque sin percepción de sueldo y fuera de cargos formales de gobierno destacando que esta declaración oficial de que su rol era “honorífico” fue criticada por la falta de documentos y registros públicos que muestren qué funciones específicas desempeñó.

Investigaciones revelaron que detrás de esa supervisión había una red de influencias en la que Gonzalo López Beltrán y sus cercanos como Amílcar Olán supuestamente habrían facilitado contratos y participado en la distribución de negocios relacionados con materiales y servicios para el Corredor Interoceánico y otros proyectos ferroviarios como el Tren Maya. En audios difundidos por medios, se discute la participación de “Bobby” en la organización de la venta de balasto, la piedra triturada que se coloca bajo las vía, y en la rehabilitación de tramos, algo que fue considerado tráfico de influencias, aunque hasta ahora no existen sentencias judiciales que confirmen ilícitos.

Destaca también que tras el accidente, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) propuso detener y auditar todas las obras y operaciones vinculadas con los hijos de López Obrador y sus asociados, argumentando que la tragedia evidenció fallas sistémicas en proyectos donde participaron tanto en el Interoceánico como en otros tramos donde se cuestionó la calidad de materiales usados. Los priistas han difundido fragmentos de audios de 2024 donde supuestamente se describe cómo se distribuían contratos para la venta de balasto y rehabilitación de vías, vinculando de forma crítica a Gonzalo López Beltrán y su círculo, reclamando que se revisen estas participaciones con auditorías independientes y técnicas.

Al igual que el Tren Maya este proyecto fue presentado como motores de desarrollo, pero en los dos se acumulan señalamientos por sobrecostos, ampliaciones presupuestales sin explicación clara y decisiones tomadas fuera de los canales técnicos oficiales. En el caso del Tren Maya, el presupuesto original se multiplicó varias veces, se modificaron trazos sin estudios ambientales completos y se documentaron afectaciones graves a selvas, cenotes y sistemas kársticos, lo que organizaciones ambientales calificaron como ecocidio. En el Interoceánico, aunque con menor exposición, también se denunciaron contratos opacos, rehabilitación acelerada de vías antiguas y una supervisión marcada por tráfico de influencias, especialmente por la participación informal de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador y su círculo cercano.