Originario del estado de Chiapas, Javier López Zavala desarrolló prácticamente toda su carrera política en Puebla, donde se integró al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y ocupó diversos cargos de alto nivel durante los gobiernos priistas, fue secretario de Gobernación estatal en la administración de Mario Marín Torres entre 2005 y 2010, periodo caracterizado por fuertes cuestionamientos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos destacando que desde esa posición, López Zavala se consolidó como uno de los operadores políticos más influyentes del marinismo y mantuvo una presencia constante en la vida pública del estado durante más de dos décadas.

En 2010, López Zavala fue candidato del PRI a la gubernatura de Puebla, compitiendo en un proceso electoral que terminó con la derrota del priismo frente a la coalición encabezada por Rafael Moreno Valle. Tras esa elección, su perfil se mantuvo activo, ocupando cargos partidistas y manteniendo vínculos dentro de la estructura priista estatal y nacional. Paralelamente, sostuvo una relación personal con Cecilia Monzón, con quien tuvo un hijo, relación que posteriormente derivó en conflictos legales, principalmente por pensión alimenticia y custodia, mismos que fueron documentados públicamente por la propia Cecilia Monzón en entrevistas y redes sociales.

Cecilia Monzón era abogada, defensora de los derechos de las mujeres y crítica constante de la violencia de género y del uso del poder político para evadir responsabilidades legales, en los meses previos a su asesinato, había denunciado públicamente a López Zavala por violencia familiar y deudor alimentario, además de señalar presiones e intimidaciones. El día del crimen, dos hombres a bordo de una motocicleta interceptaron su vehículo y le dispararon en múltiples ocasiones, provocándole la muerte de manera inmediata. Las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) establecieron que el asesinato fue planeado con antelación, con vigilancia previa y coordinación directa entre el autor intelectual y los ejecutores.

La sentencia de 60 años de prisión contra Javier López Zavala fue considerada histórica por colectivos feministas y organizaciones civiles, al tratarse de uno de los pocos casos en México donde un político de alto perfil es condenado como autor intelectual de un feminicidio. El proceso judicial se extendió por más de un año y medio, incluyendo audiencias, pruebas periciales, testimonios y la participación activa de la familia de la víctima y de su representación legal. Actualmente Zavala está recluido en el penal de San Miguel en Puebla, pero las autoridades anunciaron que será trasladado a un centro penitenciario de máxima seguridad, posiblemente el Penal Federal del Altiplano (en el Estado de México), para que cumpla su condena de 60 años.