Uno de los casos más graves ocurrió el 2 de Noviembre de 2024 a menos de un mes del inicio de la actual administración, cuando delincuentes asaltaron violentamente el Banco del Bienestar en la localidad de Xiloxochico de Rafael Ávila Camacho, alrededor de las 8:45 de la mañana, dos sujetos armados interceptaron al personal en la entrada, los amenazaron y los obligaron a ingresar al inmueble para sustraer una bolsa con un millón de pesos. Tras el atraco, escaparon en un vehículo negro, el cual continúa siendo buscado por las autoridades, la sucursal suspendió todas sus actividades, afectando la entrega de programas sociales a adultos mayores, madres trabajadoras, personas con discapacidad y beneficiarios de becas "Benito Juárez", que se tenía programada para el lunes 4 de Noviembre.

Poco después, el 5 de Diciembre de 2024, una pareja fue ejecutada sobre la carretera federal Zacapoaxtla-Cuetzalan, a la altura de “Los Cóncavos”, antes de Pahpatapan, se trataba de un presunto ajuste de cuentas entre bandas dedicadas al narcomenudeo, las víctimas, identificadas como “El Chocolate”, un conocido mecánico señalado por robo y venta de droga, y una mujer de 32 años, fueron atacadas cuando viajaban en motocicleta. En el lugar se hallaron al menos diez casquillos percutidos y la vialidad permaneció cerrada durante seis horas. Aunque la Fiscalía General del Estado (FGE) indicó que se investiga como posible robo de vehículo, testigos apuntaron a que se trató de una ejecución directa destacando que la motocicleta de las víctimas nunca fue localizada.

La ola delictiva continuó en Septiembre de 2025, cuando cuatro hombres armados asaltaron la "Gasolinera del Bienestar", ubicada en el barrio Nauihogpan, despojando de sus pertenencias a los usuarios y empleados del lugar, tras el atraco, los responsables huyeron en una unidad que posteriormente abandonaron para seguir escapando en motocicletas. Además, habitantes han denunciado robos constantes a las unidades de transporte Público que cubren rutas hacia las comunidades, delitos que la mayoría no denuncian por miedo a represalias y por la falta de respuesta de las autoridades municipales y estatales, lo que refuerza la percepción de un municipio desbordado por la inseguridad.

A este panorama se agregan casos de corrupción, abuso de poder y tráfico de influencias dentro del propio gobierno municipal ya que en Marzo de 2025, comerciantes de la calle Miguel Alvarado denunciaron a la directora de Tránsito y Vialidad, Claudia Bonilla Vázquez, por prácticas corruptas al exigir pagos de 300 pesos cada quince días, repartidos entre ella y su asistente, para permitir que las unidades de carga descargaran mercancía por más de 15 minutos, cobros que no ingresaban al ayuntamiento. La funcionaria fue acusada de extorsión y de ordenar multas arbitrarias y excesivas a transportistas y locatarios. Ese mismo mes, se exhibió el uso indebido de una pipa de bomberos para abastecer de agua a la casa de la tesorera municipal, Esperanza Hernández Landero, mientras diversas zonas de Cuetzalan llevaban hasta tres semanas sin agua, el hecho fue denunciado por un músico independiente en redes sociales, quien aseguró que su cuenta fue bloqueada tras exponer los videos; posteriormente, el 7 de mayo de 2025, la familia de Pedro Zamites, un adulto mayor de 81 años desaparecido en Coapech, denunció sentirse intimidada por la FGE luego de que el cuerpo del hombre fuera hallado sin vida tras dos semanas de búsqueda realizada por vecinos, la familia afirmó que las autoridades les pidieron guardar silencio sobre el hallazgo, mientras el ayuntamiento se limitó a emitir un comunicado atribuyendo su muerte a causas naturales, sin presentar peritajes ni resultados claros, lo que generó inconformidad por la falta de transparencia y apoyo institucional.

A la crisis de violencia se suman los escándalos de abuso de poder y encubrimiento dentro del propio ayuntamiento, ya que recientemente un joven de 17 años, Ernesto Ríos Arroyo, murió electrocutado en la comunidad de Xalpanzingo, mientras viajaba sobre un camión de volteo de la constructora de Valeria Molina Hernández, hija de la tesorera municipal Esperanza Hernández Landero, ex candidata a la alcaldía por el PAN en 2018, testigos denunciaron que autoridades municipales alteraron la escena de los hechos moviendo el vehículo antes de la llegada de la Fiscalía General del Estado para proteger a la tesorera y evitar responsabilidades legales. Un caso similar se le vincula a María Dolores Juárez Díaz, directora de Recursos Humanos, quien atropelló a tres personas en el barrio Tapitzaloyan y se negó a pagar los gastos médicos.

La gestión de Óscar Paula Cruz, que apenas cumplió un año, acumula también conflictos con comerciantes desalojados del mercado de flores “Celestino Gasca”, ofensas públicas contra la regidora Sandra Montalvo, encargada de Turismo y Cultura, y hechos violentos como el asesinato del creador de contenido Salomón Ordóñez y el asalto a la financiera Tosepantomin, donde tres personas resultaron heridas, entre ellas la hermana de la actual titular de Segalmex, María Luisa Albores. Frente a estos acontecimientos, la población exige investigaciones transparentes y justicia para las víctimas, así como el fin del encubrimiento de funcionarios, ya que consideran que el municipio vive una etapa de deterioro social y político bajo un gobierno incapaz de garantizar seguridad y legalidad.