El 22 de Noviembre, un tribunal en Puebla declaró de nuevo culpable a Javier López Zavala por el delito de violencia familiar en agravio de Cecilia Monzón, lo que ocurre después de que se repusiera una audiencia tras una anulación de la primera sentencia, durante ese nuevo juicio, se leyó literalmente el testimonio escrito de Cecilia Monzón, lo cual fue clave para el fallo, y se programó una audiencia para el 28 de Noviembre para definir la pena que podría recibir.

En la primera sentencia, dictada en Mayo de 2025, López Zavala ya había sido declarado culpable por violencia familiar, el tribunal de enjuiciamiento consideró que había pruebas suficientes sobre agresiones, abandono y falta de pago de pensión alimentaria para el hijo que tuvo con Cecilia Monzón, destacando que la familia Monzón pidió la pena máxima según el Código Penal de Puebla, que sería 20 años.

La familia de Cecilia, liderada por su hermana Helena Monzón señaló que hay preocupación porque en la reposición del juicio podría disminuirse la pena y advirtió que seguirán luchando para que eso no suceda.  También han criticado que el proceso se haya tenido que repetir por un defecto técnico, ya que en el primer juicio, el testimonio de Cecilia no fue leído por la misma persona que lo recibió originalmente, algo que consideran es una falla procesal grave.

Para entender el contexto, Cecilia Monzón era abogada y activista, denunció a López Zavala por violencia familiar cuando estaba viva y también por el abandono y la falta de pensión alimentaria para su hijo. Fue asesinada el 21 de Mayo de 2022 en San Pedro Cholula, cuando recibió disparos mientras conducía su coche, el priísta y excandidato a la gubernatura fue detenido poco después acusado de su asesinato, y además de este juicio por violencia, enfrenta un proceso por feminicidio, el cual se lleva por separado.

El proceso por feminicidio que enfrenta Javier López Zavala avanza en paralelo y continúa en etapa de juicio oral, donde se le acusa de ser el autor intelectual del asesinato de Cecilia Monzón ocurrido en 2022. La Fiscalía sostiene que ordenó el ataque y coordinó a los presuntos ejecutores, mientras que su defensa ha intentado frenar el juicio mediante amparos que fueron rechazados, por lo que el caso permanece en Puebla. La familia de Cecilia exige la pena máxima de 60 años y ha seguido de cerca cada audiencia ante la preocupación de que un amparo pueda abrir la puerta a que busque enfrentar el proceso en libertad.