El transportista adherido a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) que sufrió abuso policial y que puso en peligro su vida por los múltiples golpes que recibió en prácticamente en todo el cuerpo tuvo que firmar un documento para que lo dejaran libre para poder acudir a un hospital para atenderse de la brutal golpiza. La víctima también acudió al Ministerio Público ya que estos hechos fueron un claro abuso de poder, tentativa de homicidio, daño en propiedad agena, privación ilegal de la libertad entre otros delitos que cometieron cerca de diez policías municipales.

El gobierno que preside Margarito Rojas Parra, pese a la gravedad de los hechos, no ha emitido ningún comunicado oficial, no ha anunciado sanciones y, de acuerdo con la familia de la víctima, tampoco ha mostrado disposición para transparentar lo ocurrido o resarsir el daño contra Félix "N".

Lejos de emprender una investigación conforme a la ley, los funcionarios involucrados que son el Director de obras Jesús Abiel Contreras Ramírez quien lo contrató para trasladar las despensas, el teniente de la Secretaría de Marina (Semar) Manuel Alejandro Alejandre quien amenazó a los familiares de la víctima y la juez calificadora que lo obligó a firmar un documento contra su voluntad, han sido señalados por la familia de utilizar tácticas de presión y burla para minimizar el ataque. El teniente de la Marina Manuel Alejandro Alejandre, se burló de ellos haciendo solución a que se trataba de una persona de la tercera edad a la que no le tenían miedo. Por su parte la juez obligó al afectado a firmar un documento para condicionar su liberación, incluso cuando todavía presentaba dificultades para respirar y por los múltiples golpes.

Mientras tanto, los elementos de la policía municipal implicados en la agresión continúan laborando sin sanciones, ya que ningún oficial ha sido suspendido, investigado públicamente ni apartado de sus funciones, aun cuando el transportista sufrió asfixia, golpes en la cabeza, tórax y extremidades, lesiones cervicales y daños materiales en su unidad, todo esto ocasionado por entre ocho y diez agentes durante la detención.

Ricardo Erik Brito Alvarado, hijo de la víctima de 63 años y quien denunció estos hechos confirmó que en lugar de procurar la justicia y que esta agresión no quedara impune las autoridades optaron por ejercer presión, minimizar y desacreditar el hecho dejando en evidencia un gobierno que protege a los agresores y revictimiza a quienes buscan justicia.

En contexto, Félix "N" de 63 años fue contratado con otro transportista para llevar despensas del Salón Manchy's, cerca de la entrada a las Truchas Ejecayan a Casa Zacapoaxtla en el centro del municipio, orden que dio el director de obras públicas sin avisar al área de vialidad sobre este movimiento cuando está prohibida la circulación de unidades pesadas en la zona, lo que derivó en que el transportista fuera inicialmente insultado por agentes de vialidad y posteriormente golpeado brutalmente, atacado con gas lacrimógeno incluso recibiendo una amenaza de muerte de un elemento que le apuntó con su arma en la cabeza logrando recibir atención médica hasta cuatro horas después de la agresión.