La violencia simbólica se ejerce a través de ideas, lenguaje, imágenes y símbolos que refuerzan la desigualdad, según la nueva definición jurídica, se trata de esas manifestaciones de discriminación estructural que se transmiten directa o indirectamente mediante valores, estereotipos, mensajes culturales o sociales, imposiciones de roles de género, símbolos, imágenes, estéticas o creencias, con el fin de reproducir relaciones de poder que subordinan a las mujeres frente a los hombres. Es decir: burlas, chistes, publicidad sexista, lenguaje que cosifica, o normas sociales que naturalizan que la mujer debe “portarse” de cierta forma, pueden ser consideradas violencia bajo esta reforma.

La modificación legal implica que se adiciona una nueva fracción, la VII, al artículo seis de la ley, con lo que la violencia simbólica se incorpora como un tipo más de violencia reconocida oficialmente, además ampliando el marco jurídico de protección, pues ya no se limita a violencias explícitas como la física, psicológica o patrimonial, sino a agresiones simbólicas sutiles que muchas veces quedan invisibilizadas.

La reforma fue impulsada por la diputada María Luisa Mendoza Mondragón, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y fue presentada también como iniciativa por la diputada Olga Lidia Herrera Natividad, del Partido del Trabajo (PT) conformando el dictamen que una vez aprobado en la Cámara de Diputados fue enviado al Senado para su análisis, el siguiente paso oficial será que el Senado lo apruebe para que la reforma se convierta en una norma vigente.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia ya contemplaba otras formas de violencia contra las mujeres, como la física, psicológica, económica, patrimonial, sexual, así como modalidades como la violencia familiar, laboral, política, feminicida, entre otras y con esta nueva adición, el marco legal se amplía para reconocer también agresiones simbólicas, mediáticas o culturales, con lo que se fortalece la protección de derechos, pues ya no solo se sancionan actos violentos evidentes, sino también prácticas cotidianas que reproducen desigualdad y violencias “silenciosas”.