La iniciativa sobre la nueva Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales que fue enviada al Congreso de la Unión en Octubre por la Presidenta Claudia Sheinbaum, será modificada para suavizar puntos centrales, sobre todo se revisará lo relativo a las concesiones y a la transmisión de derechos entre particulares (herencias, ventas o cesiones), porque la versión original proponía restricciones fuertes a esas transmisiones siendo el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal quien hizo la confirmación pública de que habrá ajustes.

El cambio vino porque varios sectores, principalmente agricultores y usuarios de pozos, advirtieron que la redacción original podía quitarles seguridad jurídica, el valor de sus tierras y hasta la posibilidad de heredar o vender derechos de uso de agua, lo que generó alarma para el campo. Además hubo objeciones por un enfoque muy “punitivo” en algunos artículos (más fiscalización y castigos) y dudas técnicas sobre cómo operar los nuevos registros y organismos de cuenca, lo que explica por qué los legisladores decidieron revisar la iniciativa.

La modificación la impulsará la propia bancada de Morena en la Cámara de Diputados, que dijo que no se aprobará tal cual la iniciativa presidencial y que harán enmiendas tras los foros y las quejas públicas, también se anunció que los legisladores trabajarán directamente con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para afinar el texto técnico y que, por ahora, la dictaminación se va a pausar y revisará con calma algunos apartados antes de llevarlo a votación; en la práctica eso significa mesas técnicas, versiones redactadas y posible aplazamiento del dictamen.

Cabe destacar que la iniciativa original buscaba declarar el agua como derecho humano y poner al Estado como regulador central, con más control sobre concesiones, límites al mercado del agua y creación de capítulos para delitos hídricos (robo, extracción ilegal, trasvase sin permiso). En términos prácticos proponía restringir cómo se tramitan, transfieren o venden títulos de concesión entre particulares para evitar acaparamiento y uso especulativo; también incluía sanciones más duras para quien utilice agua de forma irregular.

Lo que obligó al Legislativo a dar marcha atrás parcial (o por lo menos a prometer ajustes) fueron las protestas y bloqueos del 24 y 25 de Noviembre en varias carreteras y plazas del país por parte de agrupaciones de campesinos y transportistas en al menos 17 estados que elevaron la presión y tras ellas Ricardo Monreal y el propio gobierno anunciaron que revisarían la iniciativa, también hubo mesas de diálogo con representantes del campo que llevaron a que la bancada anunciara modificaciones y la pausa en el dictamen.

Al respecto, Claudia Sheinbaum ha defendido la reforma alegando que su objetivo es que el agua deje de ser un negocio privado y pase a ser un derecho garantizado para todos, y ha señalado que quienes protestan, especialmente con cierres de carreteras, intentan defender privilegios de uso y acaparamiento del agua que “ya no queremos que existan”. Ella ha dicho que hay mesas de diálogo abiertas con agricultores y transportistas, por lo que no ve justificado cerrar vías federales, aunque aclaró que manifestarse no será perseguido; el problema, dijo, es cuando se busca impedir cambios que promueven equidad y acceso colectivo al recurso.