El cambio establece una excepción explícita al artículo 480 del Código Penal, orientada a proteger el ejercicio legítimo de derechos fundamentales, la modificación fue aprobada el 10 de julio con 34 votos a favor, 6 en contra y una abstención diputados de Morena, PT, el PVEM, Nueva Alianza y Fuerza por México respaldaron la propuesta, mientras que el PAN y el PRI votaron en contra al considerar que la ley debería ser derogada por completo.

Lo central de esta reforma es que, a partir de ahora, quedan fuera del delito aquellas expresiones que se realicen en el marco de derechos protegidos, en el nuevo texto se establece que “quedan excluidas del presente artículo, las manifestaciones o críticas que estén orientadas a satisfacer un interés público, garantizar el desarrollo democrático o traten del escrutinio de cualquier órgano del Estado o persona servidora pública, y todas aquellas expresiones emitidas en el ejercicio legítimo de la libertad de expresión y el periodismo, en términos de la Constitución… y Tratados Internacionales en la materia”.

Este ajuste responde a las preocupaciones de que la legislación vigente podía utilizarse para perseguir a periodistas, activistas o ciudadanos que critican al poder, aunque la pena sigue vigente, con sanciones que van de 11 meses a 5 años de prisión, dependiendo del caso, la reforma establece una frontera más clara entre el acoso digital y la crítica legítima.

Colectivos y expertos han reconocido el avance, aunque algunos sectores aún consideran que persisten riesgos jurídicos en la redacción general del artículo, el Congreso, por su parte, defendió el proceso legislativo exprés con el argumento de que la enmienda era necesaria para garantizar que la norma no vulnerara derechos constitucionales.