Hay que recordar que Roberto Zataráin Leal, diputado local de Morena, solicitó formalmente al Congreso del Estado abrir una investigación que podría derivar en la destitución de Camacho Romero por abuso de autoridad. La petición se sumó a los llamados de la Fiscalía General del Estado (FGE) para recibir denuncias formales y proceder conforme a la ley; el legislador advirtió que el caso no puede quedar en impunidad, debido a que los hechos no son aislados, sino parte de un historial de incidentes protagonizados por el alcalde y su equipo de seguridad.

Entre los antecedentes más recordados está el ocurrido en la autopista Puebla–Cuapiaxtla, donde el edil detuvo un autobús ADO para confrontar al chofer por no cederle el paso, en un episodio que fue grabado y difundido, aunque el edil más tarde afirmó que se trataba de un malentendido. También se suma un altercado en el centro comercial Angelópolis, en el que Camacho y su escolta intimidaron a un trabajador tras negarse a realizar una devolución con frases como “no saben con quién se meten” y “los voy a levantar”. Otro incidente más se registró el año pasado cuando cuatro escoltas del edil, en presunto estado de ebriedad, atropellaron a un trabajador que colocaba señalética vial en la autopista a Puebla.

Ante la polémica, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta ya condenó públicamente las agresiones y pidió a las víctimas acudir ante las autoridades para presentar denuncias, aseguró que su gobierno no protegerá a nadie sin importar su cargo o partido, que se debe garantizar el respeto a los derechos de todas las personas y subrayó que la seguridad pública no puede convertirse en un instrumento de intimidación contra los ciudadanos.

Camacho Romero, por su parte, se deslindó de los hechos grabados en el video, argumentando que los escoltas involucrados “no estaban en horario laboral” al momento de la golpiza y el robo, esto cuando ciudadanos le recriminaron estos hechos, no obstante, afirmó haber separado de sus funciones a los elementos que excedieron sus facultades. La justificación fue criticada por la organización civil denunciante, que considera que el edil no puede eludir su responsabilidad sobre personal que forma parte de su equipo de seguridad, esté o no en turno.

Actualmente, el caso se encuentra en la etapa inicial de investigaciones tanto en el Congreso como en la Fiscalía estatal debido a la presión social y política que crece, y mientras las autoridades determinan las responsabilidades, los videos y denuncias han colocado a Cuyoaco en la mira sobre el abuso de autoridad y el uso de escoltas como fuerza de intimidación en la vida pública municipal.